La nueva agencia Aesia, dependiente del Ministerio de Transformación Digital, será quien realice inspecciones e imponga multas a partir de agosto de acuerdo al reglamento de la UE
El desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) supondrá una nueva revolución tecnológica que tendrá un gran impacto sobre nuestras vidas en distintos sentidos. Desde las consultas médicas hasta los procesos productivos, esta nueva tecnología hará de cierta forma nuestra existencia más sencilla, ayudándonos con las tareas más laboriosas y meticulosas. Sin embargo, supone también para los gobiernos una nueva oportunidad para extender su campo de acción, impulsando su intervención sobre el mercado e incrementando el excesivo grado de escrutinio al que los trabajadores y las empresas se ven hoy sometidos..
Así las cosas, a partir de febrero de 2025 el Gobierno de Pedro Sánchez va a poner en marcha inspecciones sobre las prácticas realizadas con IA a través de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia), pudiendo llegar a multar a aquellos que incumplan las directrices del Ejecutivo en esta materia
Primer país que supervisa la IA
Lo cierto es que, si bien será en 2025 cuando comienza a operar esta nueva Agencia como un ente inspector y sancionador, el anuncio de su creación se produjo en el año 2022. De este modo, el Ministerio de Economía presumía de que España sería «el primer país europeo con una entidad de supervisión de la Inteligencia Artificial», dotando a esta Agencia «con una partida de 5 millones de euros para su puesta en marcha en los Presupuestos Generales de 2022».
Al respecto, el Ejecutivo señaló que, con este nuevo organismo, pretendía «generar un ecosistema de investigación y empresarial de Inteligencia Artificial», teniendo como función principal «minimizar los riesgos que puede traer la IA en campos como la seguridad, la intimidad y la salud de las personas, así como sobre los demás derechos fundamentales». Sin embargo, pese a las buenas intenciones que aparentemente expresa el Gobierno con la puesta en marcha de esta nueva institución, no podemos ignorar que podría llegar a ser un instrumento más de intervención sobre las empresas que sería de gran ayuda para las autoridades política a la hora de controlar su actividad.